Cada cuatro años una llama se enciende en algún rincón del planeta para recordar a nuestros corazones que guiados por los valores del deporte siempre hay esperanza. No es una idea que pueda ponerse en pausa, aplazarse o cancelarse y es, precisamente por este motivo, que los Juegos Olímpicos fueron diseñados para celebrarse bajo cualquier circunstancia. Pero en 2020 la Covid-19 ha sometido al Comité Olímpico Internacional y a su sede en Tokio a una situación inédita, y con ella a uno de los mayores retos para la gobernanza en el deporte moderno.
Gestionar la incertidumbre
Nadie estaba muy seguro de cómo gestionar una situación inédita en la historia del deporte. A finales de febrero el coronavirus solo era un problema local, en Wuhan China, en Italia, en España y también en Japón. Ante la imposibilidad de cambiar de sede a solo cinco meses de que se iniciaran los juegos, el comité olímpico anunció que sopesaba la cancelación. Japón reaccionó expresando su malestar por diversos medios, y advirtiendo que el gran perjuicio económico que eso les causaría no iban a afrontarlo en solitario. El COI ofreció entonces la solución contraria, celebrarlos adaptándose a la epidemia. Y así fue como, cuando ya todas las ligas y campeonatos nacionales e internacionales habían sido aplazados o cancelados, la organización de los JJ.OO. afirmó que se celebrarían en las fechas previstas, del 24 al 9 de agosto, pero sin público. Esta solución no solo desagradaba a Tokio, sino también a los atletas y patrocinadores. Así que tan solo diez días después del anuncio de que sí iban a celebrarse en 2020, se hizo oficial que quedaban aplazados a 2021.
Poder de decisión, negociaciones y grupos de presión.
¿Quién tomó la decisión de aplazar los JJ.OO.? Según la página FAQs del COI fue un acuerdo cordial entre la organización y la sede. Pero, aunque acabo siendo así, comenzó de forma más virulenta, y hubiera podido terminar en el Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo porque partía de dos posiciones enfrentadas. El COI buscaba el máximo beneficio para su organismo y el menor perjuicio para sus atletas y Japón no perder la inyección económica y la promoción de su país que le supondrán los juegos. Hubo además otros dos grupos de interés que no participaron oficialmente en las negociaciones, pero que presionaron en los despachos influyendo en las mismas. Fueron las empresas a las que se habían contratado bienes y servicios para celebrar los juegos; y los patrocinadores y televisiones, que suponen el 95% del negocio olímpico. El segundo reto para la gobernanza, además de hacer lo que no se había hecho nunca, era coordinar todos estos intereses sin acabar en interminables litigios o pérdida reputacional para el COI… y consecuentemente menos ciudades dispuestas a ser sedes olímpicas en el futuro.
El COI partió de una posición dominante, asegurando que la cancelación no le supondría un perjuicio, y que no atendía a intereses financieros, ya que su adecuada gestión y los seguros contratados les mantenían a salvo de todo contratiempo económico. También tenían algo más: las cláusulas del contrato de 80 páginas firmado con Tokio en 2013. En una de ellas se otorgaba a la ciudad la posibilidad de cancelar los juegos si la seguridad de los participantes se veía seriamente amenazada o puesta en peligro, por la razón que fuera. El coronavirus cumple ese requisito por su gran capacidad de contagio, especialmente en celebraciones multitudinarias como estadios, tal como advirtió la OMS. El comité estaba sugiriendo de forma indirecta que Tokio se adhiriera a esta cláusula. La respuesta de Japón no pudo ser más clara: ya habían invertido 11.000 M €, que perderían, y a los que tendrían que sumar los 6.000 M € estimados en ganancias por consumo. La firma de inversión SMBC Nikko Securities hizo público que, de cancelarse los juegos, el PIB interanual japonés se contraería un 1,4%.
Ante las quejas de Japón el COI acudió a la segunda cláusula relevante del contrato. En la misma se especifica que el comité olímpico puede obligar a Tokio a celebrar los juegos sin público y, aunque es una medida pensada para actos de terrorismo y catástrofes naturales, la pandemia podría incluirse en esta última. El comité anunció que se mantendrían las fechas previstas, pero que solo acudirían a los estadios y sedes olímpicas la prensa, el personal imprescindible para que la competición tuviera lugar, y los atletas. Así es como el COI no solo consiguió tener en contra a Japón, sino también a los deportistas, patrocinadores, a la ciudad de Tokio y al mismo gobierno japonés. Que ahora perdía los ingresos del ticketing, los del turismo por asistentes a la ciudad japonesa, y el atractivo de una competición con asistentes. También a muchos miembros del comité, atletas en ejercicio o ya retirados, les desagradaba obligar a los 10.000 deportistas que iban a competir a hacerlo con las gradas vacías. Los medios de comunicación y patrocinadores tampoco estaban satisfechos, esta opción reduciría las audiencias y los ingresos por publicidad.
El valor de la gobernanza
Durante un mes supimos de estos cambios de decisión mientras las negociaciones eran llevadas a cabo con máxima discreción y aparente calma por ambas partes. De la participación de empresas patrocinadoras o sus presiones supimos dos días después de que se anunciara el aplazamiento, el 22 de marzo. El 24 el canal Discovery, con 13.000 M € contratados en derechos de emisión, comunicaba su completo apoyo a la medida. También Thomas Bach, General Electric y Procter&Gamble aseguraban que iban a conservar sus reservas de espacios y patrocinios, dando incluso por prorrogados los contratos que vencían en 2020. Habían contribuido al final feliz predisponiendo a los miembros del COI a alcanzar un acuerdo con Japón. Y no podía ser de otra forma, dado que los JJ.OO. están considerados el mayor evento publicitario mundial. Con casi 8 millones de espectadores en las sedes, y 4.000 millones más en televisiones y online, disparan la venta de artículos deportivos a nivel global. Marcas como Nike y Adidas, que suponen el 76% de la inversión anual en patrocinio y publicidad deportiva -9.000 M €- afirman que ese gasto les genera una enorme demanda, y ventas aún más millonarias. Son, de forma no oficial, el tercer protagonista después del COI y la ciudad sede. Ninguna gobernanza responsable los hubiera ignorado.
Martín Sacristán
